Las reformas de la nueva ley concursal, dirigidas y aprobadas desde el Consejo de Europa en este último mes de junio, se centran en mejorar los aspectos negativos para los deudores que tenía la anterior legislación, aunque no soluciona todo.

Hasta 2021, es el tiempo del que dispone España para adaptar la legislación totalmente a las directrices de la Unión Europea, que busca tres objetivos claros y beneficiosos para ambas partes:

Prevenir las insolvencias. Dar valor y ayudar a la segunda oportunidad. Favorecer los acuerdos de refinanciación y de reestructuración.

Para conseguir tales metas, la directiva ha propuesto ampliar los plazos con los que establecer unos planes de reestructuración en la nueva ley concursal, reduciendo, por el contrario, los plazos para la condonación de las deudas, además de dar un impulso a mecanismos de alerta temprana ante una posible insolvencia irreversible.

La nueva ley concursal es un paso hacia delante para acreedores y deudores, buscando una meta doble que favorezca a ambas partes. Una, referente a los acreedores, que verán satisfechos los créditos en un porcentaje conveniente; y, la otra, en lo referente a los deudores, porque las sociedades que estén en sobreendeudamiento puedan mantener su actividad empresarial sin quebrar.

Pero llegamos a una pregunta obligatoria:

¿realmente esta nueva ley concursal es una solución clara, o en la práctica no va hacer que estos estragos desaparezcan o se atenúen considerablemente?

Hay que tener en cuenta que se trata de una ley, no de una inversión o un plan de ayuda, por lo que la nueva ley concursal no genera dinero en sí misma, sino que lo producen las empresas y su actividad.

También, la nueva ley concursal busca proteger al deudor de los acreedores y de embargos que hagan imposible una reestructuración de la empresa deudora para organizarse y seguir con su actividad.

La respuesta es lógica: si la empresa continúa generando ingresos, podrá pagar en un futuro sus deudas.

Eso sí, hay un fallo en toda esta nueva ley concursal. No facilita a la empresa mecanismos para evitar el cierre de la misma, por lo que se vería en las mismas que anteriormente.

Pero es mejor verlo con un ejemplo. Las empresas que durante la crisis han trabajado para la Administración Pública, se han visto en sobreendeudamiento por el retraso de los pagos de la última, por lo que hacen que la compañía termine en concurso de acreedores, viéndose las caras con los mismo que han provocado esta situación.

Aunque la intención de esta nueva ley concursal sea buena, hay un salto entre querer proteger a la compañía deudora que busca recuperar sus ingresos para seguir adelante, y las opciones reales de las que dispone para llegar a un acuerdo que les haga desaparecer del proceso concursal.

La alternativa (prevista en la legislación actual), es continuar con la actividad empresarial trasladando las unidades de negocio a empresas terceras, aunque no pueden ser ni familiares ni socios, sino alguien con interés real.

Por lo que la finalidad de la nueva ley concursal es el de reducir los privilegios de los acreedores y facilitar la actividad de las compañías reduciendo las limitaciones.