El virus Covid-19 tomó por sorpresa al planeta y, a la vez, se ha convertido en un motor de cambios importantes creando una nueva normalidad en el modo de vida que teníamos los seres humanos hasta la fecha.

Desde la convivencia hasta los protocolos, sin pasar por alto el funcionamiento de las instituciones, absolutamente todo; han requerido ajustase para continuar su desarrollo de una manera distinta.

La instalación de gabinetes de crisis y paneles de expertos ha servido a los gobiernos y el sector privado como el catalizador de la gestión de soluciones y, frente a ello, un tema que preocupa a los ciudadanos de a pié es cómo afrontar las deudas que se han acumulado durante el período del Estado de Alarma que inició el 14 de marzo y concluyó el 21 de junio de 2020, pero que se mantiene latente por los rebrotes de la pandemia.

Durante esos tres meses hubo una serie de resoluciones mediante las cuales Gobierno reguló la marcha de trámites y plazos, motivados al estado excepcional que vivíamos, siendo el Real Decreto 537/2020 el que habla con mayor precisión sobre la suspensión de los pagos y cobros, así como la reanudación de los mismos.

En los artículos 8, 9 y 10 de esta norma, se deja claro que a partir del 1 de junio de 2020 se deberá reanudar o reiniciar los procesos, lo que quiere decir que es en esta fecha cuando iniciarán los nuevos plazos de las deudas.

Un sinnúmero de especialistas en derecho se han volcado a ofrecer soluciones a las múltiples interpretaciones que tiene el decreto porque una sola palabra, como por ejemplo, los términos “aplazamiento”, “suspensión”, “traslado” o “postergar”, todo ellos desde el punto de vista jurídico significan cosas distintas.

Sin embargo, lo importante que debemos saber todos es que los decretos fueron creados para resguardar a las personas y sus consecuencias económicas, y lo primero que ocurrió fue que todo pago a realizar durante el Estado de Alarma se suspendió. Esto no quiere decir que ya no hay deuda, solo fue cambiada la fecha de pago hasta el mes que finalizó el período excepcional.

De allí en adelante, toda persona que tenga en vigor algún tipo de compromiso económico (pago de tarjeta de crédito, créditos de hipoteca, coche, entre otros), deberá seguir asumiendo el mismo, teniendo en cuenta que, para algunos casos, se han emitido decretos posteriores al mencionado que llevan como intención facilitar los pagos y buscar la mejor forma de que esas deudas no se conviertan en una carga para la persona.

La salida de la cuarentena o al levantar el Estado de Alarma, el panorama económico de muchos núcleos familiares cambió. Unos porque fueron puestos en el ERTE por sus empresas y otros porque se quedaron sin contratos. También hay un buen grupo de personas que eran trabajadores autónomos y otros porque sus empresas decidieron cerrar. En cualquier de los casos, y por muchas razones más, al entrar en un estado de vulnerabilidad, también, favorece al momento de tener que seguir pagando deudas.

Cualquier persona que se encuentre en esta situación, deberá, buscar mucha más información porque se han creado una serie de ayudas a raíz de los decretos siguientes al Estado de Alarma, para proteger a las personas.

La misma situación ha permitido consolidar empresas y grupos expertos de gestión de deudas que son personas especializadas en cómo llevar la situación, porque existe un instrumento legal desde el año 2005, conocido como la Ley de la Segunda Oportunidad, a través de la cual una persona que ha contraído deudas impagables para ella, podrá, salir de ellas y tener un comienzo positivo en su vida sin llegar a caer en la bancarrota.

¿Tienes dudas?, ¿Eres vulnerable y estás con deudas ahora?, pues ha llegado el momento de buscar esa nueva oportunidad y, aunque no lo creas, existe la posibilidad de tener un comienzo después de la tormenta.