Tras la reciente crisis sanitaria del Covid-19 son muchas las personas que han comenzado a caer en un pozo del que, ni ven el fondo, ni saben si algún día podrán salir.

Ante esta situación se teme que las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno como son la moratoria de pagos, los créditos ICO y el paquete de ayudas destinadas a evitar la ruina de miles de familias no sea suficiente.

En este clima de incomodidad resuena cada día más fuerte el eco de la Ley de la Segunda Oportunidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad

La  Ley de la Segunda Oportunidad es un recurso legal aprobado en 2015 que tiene como objetivo que las personas físicas puedan acogerse a un concurso de acreedores y conseguir la exoneración total de sus deudas, si el juez considera que cumple con los requisitos.

El fín último de este salvavidas económico es que la persona física no cargue de por vida con una losa económica imposible de pagar y que, de esta manera pueda encauzar su vida e incluso arriesgarse a emprender nuevamente, lo que mantiene activa la económica y preserva la dignidad de estas personas.

Por lo general el perfil de personas acogidas a la Ley de la Segunda Oportunidad son emprendedores que vieron truncados sus planes en la crisis económica de 2008, se prevé una nueva oleada de personas que han sufrido un destino similar debido al Covid-19.

El Gobierno se mantiene al margen

Si tenemos en cuenta las medidas que el gobierno está implementando con el fin de paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria, cabe esperar que se incluyan medidas para facilitar el acceso a esta ley (Que debemos reconocer, a día de hoy, resulta complicado) lo cual no ha sido así.

Juristas y economistas critican la falta de iniciativa del ejecutivo

Los expertos advierten que la Ley de la Segunda Oportunidad puede ser una herramienta muy útil para evitar una auténtica catástrofe social pero no es un milagro.

Puede conseguir la exoneración total de la deuda pública y privada, pero es una medida de excepción para cuando no queda alternativa, más aún cuando el gobierno no facilita el acceso a dicha ley. Se debe estar dispuesto a invertir en buenos profesionales y asumir que los procesos no llegan a término antes de 2 años.

La legislación actual obliga a las personas insolventes a someterse a complicados y agotadores procesos legales. De la misma manera la información parece escondida en un rincón, lo que también ha sido muy criticado por los expertos, que incitan al gobierno a facilitar el acceso a dicha información, ya que solo los más avispados están a día de hoy en capacidad de acogerse a ella.

La esperanza de los economistas y juristas era que que el real decreto publicado el 29 de Abril sobre medidas en la administración de Justicia pudiera contribuir a allanar el camino para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, lo que no ha sido así en absoluto.