EL mediador concursal es una figura clave y de carácter obligado en la Ley de Segunda Oportunidad. Su objetivo es ayudar a las personas en situación de insolvencia supervisando y direccionando el acuerdo extrajudicial de pagos.

El mediador concursal también se encarga de solicitar la declaración del concurso de acreedores si el acuerdo extrajudicial no llegara a buen término.

¿Quien es el mediador concursal y qué papel juega en la Ley de Segunda Oportunidad?

La figura del mediador está regulada en el artículo 233 de la Ley Concursal. Un escrito que a su vez determina que el mediador puede ser una persona natural o jurídica, y que esta debe tener condición de mediador en base a la Ley 5/2012, debe estar inscrita en el registro de mediadores y tener el poder para actuar como administración concursal.

Sus honorarios se determinan de manera reglamentaria y dependen de la situación del concursado. Esto quiere decir que el coste será equivalente sin importar la persona que se nos asigne como mediador concursal.

Sus funciones principales son conducir el proceso de negociación que deriva en el acuerdo extrajudicial de pagos. Si este no tiene éxito el mediador concursal será quien declare ante el juez para proceder con el concurso de acreedores.

Nombramiento del mediador concursal

Una vez que el mediador concursal acepte su puesto, el Registrador Mercantil o Notario debe comunicarlo a los Registros Públicos correspondientes, como son las TGSS y la AEAT.

El nombramiento del mediador concursal también impide la posibilidad de solicitar ejecuciones separadas y, se suspenderán las que ya estuvieran en trámite, salvo las cubiertas por garantía real donde el acreedor desee proseguir.

Tras el nombramiento del mediador los acreedores tampoco podrán mejorar su posición respecto a otros acreedores o promover un concurso insolvente. Los efectos del nombramiento del mediador concursal son prácticamente idénticos a la declaración de concurso de persona jurídica.

Funciones y tareas del mediador concursal

El mediador debe determinar la conocida como “masa pasiva” que hace referencia al total de los acreedores, en un plazo de 10 días, y convocarlos en una reunión con el deudor en un periodo máximo de 2 meses.

Previamente a esa reunión, el mediador concursal deberá contar con el nuevo plan de pagos, que deberá remitir a los acreedores con un mínimo de antelación de 20 días.

En este punto los acreedores podrán crear modificaciones en dicho plan de pagos. Finalizado el nuevo plan, y siempre y cuando el deudor lo acepte, el mediador deberá enviarlo a todos los acreedores.

Llegados a este punto pueden ocurrir dos cosas:

  1. Que la mayoría de acreedores no deseen continuar con las negociaciones, en cuyo caso el deudor podrá solicitar el Beneficio de Exoneración Del Pasivo Insatisfecho (BEPI)
  2. Que el 60% – 65% de los acreedores acepten el nuevo plan de pagos y este se lleve a cabo, en cuyo caso el mediador concursal deberá supervisar que se cumplen los acuerdos.

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