Tal y cómo se nos dice hasta la saciedad en no pocas tertulias y publicaciones especializadas, parece que la tendencia en el mercado laboral en  la de externalizar aquellas actividades de cuya supervisión las empresas pueden prescindir  (sobretodo logística y transporte).

Además, las escasas oportunidades que ofrece un cada vez más inestable mercado laboral, facilitan que muchos trabajadores emprendan una actividad económica por cuenta propia. Ambas situaciones, junto con otras, sitúan a los autónomos como un colectivo muy heterogéneo y con numerosas causticas, a menudo, imposibles de abarcar en una sola fórmula legislativa, que de cabida a dicha diversidad.

El comúnmente denominado “sistema de módulos” ha sido el que, de manera generalizada –por supuesto con excepciones– más se ha utilizado hasta la fecha.

Veamos en qué consiste:

Para aquellos que no estén familiarizados con las cuestiones empresariales de tipo fiscal y contable, podemos proponer el siguiente ejemplo: Supongamos que es usted propietario de un bar, y, un asesor fiscal, le ofrece las siguientes dos posibilidades:

La de declarar impuestos en función del volumen de la facturación que se realice en su establecimiento. O bien, una segunda fórmula, que consistiría, básicamente, en realizar un cálculo aproximado de sus beneficios en función de los metros cuadrados y las mesas que usted posea en su establecimiento.

Esta segunda fórmula es la que se extendió, de manera generalizada, en los años noventa, debido a que, la inmensa mayoría de los autónomos (hasta un 93%) son denominadas micromepresas (cuentan con menos de cinco trabajadores).

Por tanto, y debido a su volumen y características, carecen, en general, de los medios y los conocimientos necesarios para la adecuada gestión administrativa de una empresa que, digamos, sí declara en función de su nivel de facturación. Por su parte, los inspectores de hacienda, recomiendan año tras año, el cambio de fórmula, para evitar fraudes y situaciones encubiertas de ahorro en la facturación de empresas que externalizan sus servicios.

Tanto es así, que recientemente, algunas empresas de mensajería, transporte y logística (sector que ha experimentado el mayor crecimiento de nuestros sectores económicos), han sido obligadas a contratar a los autónomos que realizaban trabajos para las mismas.

Así las cosas, la orden HAC/164/2019, de 22 de noviembre, que se recoge en el Boletín Oficial del Estado, y que se ocupa de desarrollar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el del Impuesto sobre el valor Añadido.

Prolonga por un año el sistema de módulos para trabajadores autónomos.

A este acuerdo se ha llegado de manera satisfactoria para las asociaciones de trabajadores autónomos, quienes, por su parte, se lamentan de que tenga que ser una prórroga anual y no una normativa estable. Este hecho, lleva a que, cada curso, hayan de reanudar las negociaciones en materia legislativa, ocasionándoles no poca inseguridad e incertidumbre.

Ambas situaciones, como se sabe, son altamente perjudiciales para la actividad económica, cualesquiera que fueren sus dimensiones. Es deseable, por tanto, que se alcance un mecanismo que, por una parte, cubra las necesidades de los trabajadores autónomos y, dicho sea de paso, facilite su actividad o, al menos, no suponga ningún impedimento adicional a los que ya de por sí tienen.

Y, por otra parte, que sea eficaz en la lucha contra el fraude, o, al menos, detecte las situaciones y actividades que, amparándose en la modalidad de trabajadores autónomos, se sirvan de la misma para llevar a cabo una actividad empresarial que corresponde con otro volumen o situación fiscal.