Desde que la crisis mundial provocara el aterrizaje forzoso del mercado inmobiliario español en pleno vuelo, son muchas las propuestas y acciones que tratan de reparar los lodos de aquellos polvos en todos los órdenes, especialmente en el ámbito jurídico y legislativo.

Corría la primera década del dos mil y nada parecía detener el hinchamiento de una burbuja que, tal cómo presagiaban los entonces tildados de catastróficas, tocó a su fin en la calurosa primavera del 2007.

Pero en la micro economía, le correspondía a la clase media hacer frente a cuotas hipotecarias de plazos imposibles, en un mercado laboral que ofrecía cada vez menos oportunidades. Durante los últimos diez años, hasta los más profanos en cuestiones jurídicas nos hemos visto obligados a familiarizarnos con términos como “cláusula suelo” o “dación en pago”.

Y es que, en parte para evitar una catástrofe mayor, y en parte obligados por la presión ciudadana, organizada en Plataformas y asociaciones de consumidores, la sensibilidad de jueces y legisladores ha ido adoptando fórmulas cada vez más novedosas. El inicio de ésta salvaguarda se hizo patente cuando algunos jueces comenzaron a dictar sentencias que señalaban al sector bancario como el principal responsable de haber concedido préstamos hipotecarios sin las suficientes garantías a quienes, finalmente, no pudieron hacer frente. Más tarde, comenzaría cambios legislativos más profundos, tanto autonómicos como estatales que favorecían esta empresa y otorgaban las herramientas necesarias para ello.

Tras la fórmula “dación en pago” (que consistía, básicamente, en la cancelación de la deuda a cambio del inmueble hipotecado), la denominada “ley de segunda oportunidad” viene de nuevo a intentar “corregir” el mercado de la manera, o esa es la intención del legislador, menos traumática posible. Se trata de una ley que permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a los acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los mismos, cuyo plazo de pago no excederá de los 10 años.

El procedimiento consiste en nombrar un mediador concursal para llegar a un acuerdo extrajudicial.

De no alcanzarse este acuerdo, y, en consecuencia, recurriendo a la vía judicial para su resolución, el asunto podría acabar en exoneración de la deuda, extremo que, a todas luces, la parte acreedora intentará, a priori, evitar. Para ello el particular o autónomo habrá de haber adquirido una deuda inferior a los cinco millones de euros y carecer de antecedentes penales.

Es en Extremadura donde al menos 93 personas han solicitado acogerse a éste procedimiento. No en vano, se trata de una Comunidad Autónoma cuyo Producto Interior Bruto ha crecido en el último año un 2%, tres puntos por debajo de la media nacional.

Una segunda oportunidad para todos aquellos que, a buen seguro, la merecen.