En un mundo donde faltar al pago de un crédito, que un negocio montado con ilusión y esfuerzo quiebre o que nos quedemos en situación de desempleo repercuta para toda la vida y nos convirtamos en poco menos que parias de una sociedad en la que la posesión de capital es lo más valioso, es agradable saber que, de vez en cuando, nos encontremos con noticias positivas, que nos ofrecen una visión del mundo en el que vivimos que nos hace confiar en el sistema social que hemos establecido, que podemos recibir alguna alegría de tipo económico por parte de las instituciones.

Es lo que ha ocurrido el pasado mes de mayo. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de Gijón aplicó la Ley de Segunda Oportunidad. En este caso dictó el “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. La exoneración, no es otra cosa que un mecanismo legal de la segunda oportunidad.  Ya venía previsto en la Ley Concursal en la cual el deudor puede verse liberado del total de la deuda cuando ha liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores. Normalmente, esto ocurre sí y solo sí se admite la solicitud de los deudores de buena fe.

Ha sido la gijonesa M. A. la que ha sido beneficiada de la ley de la segunda oportunidad. Ha demostrado que con 1,200 euros mensuales, más 100 euros que percibía como ayuda por familia numerosa, no podía hacer frente a cubrir las necesidades básicas. Principalmente el pago del piso y el colegio y la alimentación. Una realidad que hasta el momento han solicitado unas:

  • 165 personas en Asturias,
  • 183 en el País Vasco,
  • 196 en el archipiélago balear,
  • 218 en Galicia,
  • 224 en Castilla La Mancha,
  • 295 en Castilla y León,
  • 412 en Aragón,
  • 505 en Andalucía,
  • 832 en la Comunidad Valenciana,
  • 966 en Madrid, y
  • 3.023 en Cataluña.

¿Qué Ley permite exonerar deudas?

La Ley de la Segunda Oportunidad. Gracias a esta ley, muchos ciudadanos y empresas podrán exonerar sus deudas, pues es este su objetivo, aligerar la carga financiera, además de otras medidas de orden social, las cuales se encuentran enmarcadas y reguladas por la Ley 2572015 del 28 de Julio. A ella pueden adherirse tanto particulares como pequeños empresarios que podrán, si resulta validada la petición, volver a empezar de cero.

Esta ley permite la renegociación del modo y forma en el que se devolverán las deudas, pero, en el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo, el juez podría llegar a cancelar esta deuda al deudor. En el caso de los particulares, estos juicios se llevaran en los juzgados de primera instancia, y si se es empresario, en los juzgados mercantiles.

Para que cualquier persona pueda beneficiarse de esta Ley debe acreditar de forma fehaciente que no puede hacer frente a sus deudas, demostrando que se ha liquidado todo el patrimonio en el concurso y que es imposible pagar más a los deudores, y demostrando que ha existido buena fe negociando e intentando llegar a un acuerdo con los deudores antes de iniciado el concurso, no se ha provocado de forma voluntaria la situación de insolvencia, no se ha hecho uso de esta ley en los últimos diez años, no se han cometido delitos económicos y no se ha rechazado ningún trabajo adecuado a la capacidad de la persona.

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