La última sentencia del Supremo refuerza la Ley de Segunda Oportunidad. Una ampliación que extiende la capacidad de los juzgados mercantiles para ejercer sobre las deudas públicas contraídas con el estado.

La ley de la segunda oportunidad vió la luz en 2015, con el objetivo de que miles de personas levantaran cabeza, tras contraer deudas impagables en la crisis económica de 2008.

Para conseguir la llamada “2ª oportunidad” se perdonaba por completo una parte total de dicha deuda, a la vez que se creaba un plan sostenibles para abonar el resto en hasta 5 años.

Las personas que desearan acogerse a la ley, necesitaban cumplir una serie de requisitos indispensables.

No obstante, y aún con todo, la deuda contraída con el estado y los créditos por alimentos (Debido a ciertos tipos de divorcios) quedaban fuera del nuevo plan de pagos.

Según los expertos fiscales, la no exoneración de la deuda pública convierte a la ley de la segunda oportunidad en poco más que papel mojado, pues una gran parte de la deuda de las familias afectadas, quizá la más difícil de saldar, seguiría existiendo.

Ampliación de la ley

La ampliación de la ley de la segunda oportunidad dictada por sentencia del supremo, deja en manos de los juzgados mercantiles el fraccionamiento de esa parte no exonerable (Hasta ahora era Hacienda quien dictaba cátedra)

Por otro lado ofrece la oportunidad con los deudores de condonar más de la mitad de la deuda pública. En concreto se permite la exoneración del crédito ordinario y subordinado.

El resto, conocido como crédito privilegiado, se podrá saldar en un plan fraccionado de hasta 5 años. A la hora de ajustar dicho plan, se tendrá en cuenta la capacidad económica real del individuo.

Un caso hipotético:

En Coello de Portugal se ha presentado una presentación de urgencia, en un caso hipotético inventado, con el objetivo de concretar el alcance estimado de la sentencia del Supremo.

Pepe, el protagonista de nuestro caso hipotético mantiene una deuda de 300.000 euros con el banco y 181.000 a la AEAT.

Antes de la ampliación, Pepe seguiría debiendo la totalidad de esos 181.000€ a la AEAT, aún habiendo entregado todo su patrimonio.

Tras la nueva sentencia del supremo, Pepe, solo debe abonar un total de 50.000€ a la AEAT con un plan de pagos fraccionado equivalente a 834€ mensuales.

Según Lagunas Navarro, colaborador del despacho Coello de Portugal, el crédito privilegiado tiende a suponer el 30% de la deuda pública de sus clientes. La mayoría de acogidos a la ley vienen con cargas de intereses y recargos de la Agencia Tributaria.

Tras la última ampliación de la ley de la segunda oportunidad dictada por la sentencia del supremo, este tipo de cargas se cancelan por completo.

En resumidas cuentas, se puede exonerar hasta el 70% de la deuda pública, pudiendo abonar el 30% restante en un plazo de hasta 5 años.