Aunque solo en Catalunya son más de 3.954 personas las que han solicitado acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, las grandes avalanchas esperadas ante la ley aprobada en 2015 no terminan de darse en nuestro país.

Y es que las bajas cifras de la comunidad autónoma suponen el 50% de solicitudes dentro de nuestras fronteras.

La lentitud en los trámites y la complejidad en los procesos son algunas de las razones por las que personas que podrían beneficiarse de la exoneración otorgada por la Ley de la Segunda Oportunidad, tienden, a ni siquiera solicitarla.

Cambios en la ley de la segunda oportunidad, mayor protagonismo a la figura del juez

Para complicar todavía más el proceso judicial, el Tribunal Supremo aplicó una directiva que deberán aplicar los jueces en un periodo máximo de 2 años.

En estas novedades la directiva específica la posibilidad de conseguir la exoneración de las deudas, sin la obligación de vender el domicilio habitual del solicitante (En casos donde el valor de dicho inmueble supere al de la deuda) también invalida el principio de buena fé, un principio clave hasta la fecha para una resolución positiva de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Por otro lado desde verano desde 2019 el Tribunal Supremo estipula que los acreedores públicos son uno más en el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad. Exonerando parte de la deuda pública y creando un posterior sistema de pagos para las deudas contraídas con la Administración Pública.

En consecuencia de estas nuevas actualizaciones la figura del juez cobra un gran protagonismo en la Ley de la Segunda Oportunidad.

El papel del juez en las resoluciones sobre la Ley de la Segunda Oportunidad

El juez gana poder a la hora de conceder la exoneración de la deuda del solicitante y del otorgamiento final del llamado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI)

Según Amagoia Serrano, juez del Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona:

La directiva europea “incorpora dos novedades importantes; la posibilidad de acceder a la exoneración pese tener mala fé y que la liquidación de bienes no afecte a la vivienda habitual, pero esto último con salvedades, y a cambio de una ampliación de los planes de pago”

-Amagoia Serrano

Aún así, y según el artículo 23.1, se establece que los estados podrán establecer períodos de inhabilitación más largos cuando el insolvente haya actuado de forma deshonesta, o de mala fé, en cualquier momento del proceso.

El proceso de exoneración y la figura del juez

La Ley de la Segunda Oportunidad exonera parte de la deuda de empresas y particulares siempre que el solicitante demuestre su buena fé en todo el proceso y que, previamente, intentara crear un acuerdo con los acreedores que le permitiera aplazar el pago de la deuda.

A la hora de conseguir la ansiada exoneración, que perdona parte de la deuda y fija plazos realistas para abonar la restante, es cada día más importante la figura del juez. Quien tendrá la última palabra sobre si la Ley de la Segunda Oportunidad es apta o no para el solicitante.

Contar con expertos en materia de la Ley de la Segunda Oportunidad es clave, tanto para conseguir un veredicto positivo por parte del juez, como para entender de forma clara los procesos que debemos llevar a cabo.