El poder judicial siempre lo ha tenido complicado para tener la visibilidad que merece, además de contar con dificultades para ser catalogado como un poder de extracción democrática. Por todas estas dificultades se le conoce como “Poder Difuso”, ya que la mayoría de la población ni lo entiende ni comprende su ejecución.

En resumidas cuentas el poder difuso es otra forma de llamar al poder judicial.

Podríamos decir que este tipo de poder no cuenta con las armas, el tesoro ni la fuerza de voluntad suficiente para ejercer y ser considerado como tal. No obstante es un valor más que de forma directa o indirecta influye en la política.

En los inicios de la Revolución Francesa predominó el poder legislativo en Europa mientras que durante el periodo de construcción constitucional fue el ejecutivo quien llevó la voz cantante.

Durante los siglos XIX y XX se inició una lucha permanente por garantizar la independencia del poder judicial.

Mientras que en la angloesfera este debate llevaba zanjado desde el siglo XVIII, en países como España es un reto aún por resolver.

En los últimos tiempos el poder judicial o difuso está en el foco de los medios de comunicación y el debate político, a la par que existe una importante ignorancia sobre su papel, así como sus déficit institucionales que podríamos clasificar en los siguientes:

Los déficit institucionales del poder Difuso

Las causas de su incomprensión Un modelo de Gobernanza y organizativo caduco e insostenible. Lo que dificulta su correcta actuación, haciendo su incomprensión e ineficacia aún más pronunciadas.  Un sistema de acceso inadaptado, difícil y costoso. Y un modelo de carrera profesional que oscila entre el claro desfase y la discrecionalidad política en los nombramientos de las más altas esferas.

A eso debemos añadir que la mayoría de ciudadanos no comprende bien la labor del juez, y en ocasiones el letrado, solo lo intenta. Unas condiciones que lo posicionan en una desventaja todavía mayor.

La extendida y falsa creencia sobre el poder difuso

A diferencia de la creencia popular de que el poder difuso o judicial es un monopolio exclusivo de los jueces, lo cierto es que se trata de una estructura orgánico-institucional muy intrincada donde jueces y magistrados trabajan para los órganos jurisdiccionales, quienes realmente juzgan y ejecutan lo juzgado. Queremos decir con esto que el poder judicial lo conforman muchas partes y otros tantos intereses.

De todo ello podemos deducir que el poder judicial o difuso no es algo exclusivo de jueces y magistrados, sino un dominio del Estado democrático constitucional.

Esta en nuestra obligación evitar que la degradación del Poder judicial se incremente ya que hablamos de una irresponsabilidad política y un suicidio institucional.

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